Señor Director
(Diario La Tercera):
Muchas dudas surgen en torno al proyecto de
reconocimiento constitucional a los pueblos originarios impulsado por el
gobierno. Por de pronto su urgencia llama la atención, por cuanto ese
reconocimiento ya se encuentra contenido en la Ley Indígena y en
algunos instrumentos internacionales ratificados por Chile (C169). Ciertamente
los últimos acontecimientos acaecidos en la Araucanía han impulsado al
Ejecutivo a promover esta medida. Lamentablemente nuestra historia legislativa
tiene muchos ejemplos de proyectos surgidos en tiempos de crisis, los cuales
lejos de solucionar los problemas que los motivaron, no han hecho más que
empeorar el escenario en su globalidad. ¿Será ésta una confirmación de la regla
general?. Consignemos que un proyecto de esa naturaleza, aprobado sin guardar
atención a las múltiples implicancias que pudiera acarrear, implicaría admitir
una disección mayor en nuestra Carta Fundamental. No sólo la noción de Estado
Unitario se encontraría en cuestión, sino que también algunas garantías fundamentales
podrían sufrir una repentina bifurcación. Por vía meramente ejemplar
corresponde preguntarse ¿cómo podría convivir la garantía de igualdad ante la
ley, frente a todo un eventual catálogo de derechos -completamente novedoso- de
los cuales serían titulares sólo cierta categoría de personas?. O, en similar
sentido, ¿cómo compatibilizar conceptos tales como “territorio” y
“autodeterminación”, que se pudieren entender incorporados a nuestra
Constitución, con ciertas garantías fundamentales contenidas en la Carta Magna, como
acontece con la propiedad?. ¿Tiene nuestro ordenamiento jurídico elementos
normativos suficientes que nos permitan definir y/o deslindar esa clase de
prerrogativas en el evento de contradicción?. Recordemos que una de las
principales características del Estado de Derecho es brindar a sus miembros la
certeza jurídica necesaria para una convivencia socialmente pacífica. Pues
bien, queda claro que si nos dejamos llevar por la inercia de la contingencia,
y luego no pensamos adecuadamente lo que estamos haciendo, caemos en la
posibilidad de restar eficacia y seguridad jurídica a nuestra carta
fundamental, incrementando de paso con ello los altísimos niveles de
conflictividad que afectan a la Araucanía en particular, y, por qué no decirlo,
al país en general.
Cordialmente le saluda
Carlos
Tenorio Fuentes
Abogado
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