Araucanía; la mentira funciona.
Nota: ayer hemos conocido un comunicado del Frente Amplio que se inicia afirmando que el fallo en contra
de asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay: es un fallo “político” para seguir con la letanía sobre “tierras ancestrales”,
“reinvocaciones del pueblo mapuche”,” usurpación de tierras”, es decir
reproduciendo todas y cada una de las falsedades contenidas en el “Informe de
Verdad Histórica y Nuevo Trato”
El
artículo que envío se refiere a este
tema; no swe incluyen do anexos que, por lo extenso no me ha parecido
incluilos.
JBA
ARAUCANÍA;
Falsedad Histórica:
Fundamento de políticas públicas
En el libro “Es Mapuche el Conflicto” se afirma que el
gobierno del Sr. Patricio Aylwin se encontró con la situación de los indígenas
de La Araucanía totalmente resuelto por la aplicación del D.L. 2.568.
En efecto, este Decreto estableció el procedimiento para
la división voluntaria de las reservas y también, la asignación del dominio
individual a los copropietarios de la
propiedad poseída en común que así lo solicitaren. (El procedimiento en anexo)
ESTA ES LA VERDAD HISTÓRICA..
En declaración hecha en 1990 por el Director de la
División de Asuntos indígenas del gobierno del Presidente Sr. Patricio Aylwin:
<<…de 2.190 comunidades existentes a la fecha de la promulgación del DL
2.568, de 1979, sólo 20 no se habían dividido…se entregaron mas de 76.000
títulos de dominio individuales a mapuches>>
El proceso de división voluntaria de las
reservaciones, por la aplicación del DL 2.568 había, prácticamente, resuelto la
situación de la propiedad de tierras en La Araucanía.
Todos y cada uno de los títulos de dominio fueron
otorgados por sentencia judicial de los Juzgados de letra en lo civil de las
respectivas jurisdicciones.
Solamente se negaron a la división voluntaria grupos
de propietarios de las tierras poseídos en común, de 20 reservas.
A las presentaciones se acompañaron los planos
originales de los títulos de merced o sus copias debidamente autorizadas, se
entregaron a los tribunales las
informaciones de los conflictos generados a lo largo de los años a objeto que
se resolvieran previo a las sentencias
de asignación. Se acompañaron los levantamientos realizados por más de
cincuenta profesionales dirigidos por un topógrafo altamente calificado, es decir se entregaron
a los Tribunales de la República todos los antecedentes que permitirían un
fallo inobjetable.
Se abrieron los plazos para las reclamaciones e
impugnaciones contempladas en la legislación transcrita en anexo, cerrándose así el proceso y consolidándose
las asignaciones de las hijuelas provenientes de la división de las reservas.
Los
expedientes de cada uno de estos juicios están archivados en los respectivos
juzgados; son públicos, están archivados
en los Conservadores Archiveros Judiciales
de las jurisdicciones correspondientes
a los juzgados sentenciadores, accesibles para quien quiera comprobarlo.
Todas las sentencias estaban, por lo tanto,
ejecutoriadas y no cabía recurso alguno en contra de ellas al asumir el Sr.
Patricio Aylwin A. la presidencia de la República.
Hay que
preguntarse que ha pasado que esta verdad, nítida y contundente no ha
sido respetada por los cinco gobiernos posteriores al DL 2.568.
La conclusión es simple y aberrante: algunos pensadores izquierdistas se organizaron y decidieron que
la verdad histórica no podía surgir de fallos fundamentados en una legislación
dictada y aplicada durante el gobierno militar. (Anexo b)
Influyeron en el
discurso programático del Sr. Patricio Aylwin en el cerro Ñielol, originaron la
ley 19.253, la CONADI ,
también influyeron en la “Comisión de Verdad Histórica
y Nuevo Trato”, ideada durante el
gobierno del Sr. Patricio Aylwin, creada
durante el gobierno del Sr. Ricardo Lagos fue su presidente el Sr. Patricio Aylwin A, Esta
Comisión contiene todos los fundamentos
de la política relativa a La
Araucanía. Su principal efecto está contenido las decisiones
tomadas por el Consejo Nacional de
CONADI, de fecha 27 de agosto de 1999 “la política de tierras para los
pueblos indígenas de chile” Ver
http://j.mp/Mapuche02
El Informe de la Comisión es un curioso y extenso
documento en que se pretende reescribir la Historia de Chile, sus principales
asesores fueron el Sr. José Bengoa y el Sr. José Aylwin Oyarzún.
Este Informe se transformó, por “arte de
birlibirloque”, en una especie de legislación de reemplazo, tanto de las normas
establecidas como de las sentencias ejecutoriadas de nuestros tribunales,
dictadas en virtud del DL 2.568.
Es decir, un informe sesgado, total y absolutamente
ideologizado, plagado de errores conceptuales, ha sido el fundamento para que
los gobiernos de Chile, nuestros parlamentarios, algunas Instituciones, determinen políticas públicas,
legislen, compren y entreguen tierras sin tener otra justificación que un Informe, sin valor
jurídico alguno. Tampoco con valor histórico.
Nada de fallo judicial, nada de cosa juzgada, nada de
certeza jurídica, nada de respeto a la judicatura. Un
brutal ataque al Estado de Derecho: la
verdad que se ha aceptado es la que los indigenistas idearon, la “única
verdad”; así nació la “verdadera” verdad histórica que los pensadores
indigenistas han impuesto.
Los profesionales que intervinieron en la preparación
de antecedentes, en la comprobación de los planos de las reservas, de las hijuelas producto de las divisiones, y
en los juicios respectivos, nunca fueron entrevistados por persona alguna. Las
primeras entrevistas fueron realizadas por el autor, lo que refleja liviandad y falta de seriedad de quienes condujeron
al país a la gravísima situación que hoy se enfrenta en La Araucanía. Ante la
pregunta sobre posibles actos de presión o coerción sobre los comuneros fueron
categóricos para negar en forma tajante esta situación, denunciada
irresponsablemente por la comisión de “verdad histórica…”
Todo lo anterior exige, por el bien de Chile, una
explicación clara, precisa y fundada del porqué se adoptó un documento de estas
características como base para decisiones que han comprometido al Estado
chileno, que han expuesto a Chile a una especie de barbarie jurídica, a actos
terroristas, a presiones ilegítimas, ejercidas hasta el día de hoy, sobre los agricultores para que vendan sus
tierras, y hasta a asesinatos, debido la incapacidad de nuestros políticos para
estudiar responsablemente sus decisiones.
Julio Bazán A.
Santiago, 27 de Mayo, 2013
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