PRESIDENTE PIÑERA CUMPLE PROGRAMA DE LA CONCERTACIÓN
En 1989
fue elegido Presidente de la República don Patricio Aylwin A. El Sr. Aylwin
firmó como candidato lo que se ha llamado el “Acta de Nueva Imperial” que revistió el
carácter de compromiso y fue firmada el
1 de diciembre de 1989,
El “Acta de Nueva Imperial” estipulaba en sus puntos fundamentales:
1. El reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.
2. La creación de una Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, con la participación activa
de los distintos Pueblos Indígenas del país, como entidades públicas encargadas
de coordinar la política indígena del Estado.
3. La creación, al iniciar su gestión de gobierno, de una
Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que en un plazo no superior a cuatro
años culminaría con la implementación de la Ley Indígena y de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena.
4. El compromiso de ratificar el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo O.l.T.
Los partidos
políticos que conformaron la coalición de gobierno que triunfó en 1989 venían
de vertientes ideológicas que tenían en
común, básicamente, la decisión de retornar a la democracia; no compartían
ideologías ni sistemas de valores, su unidad radicaba en la conquista del poder
político. Sin embargo, los unían aspectos bastante sustantivos en el accionar
político, uno de ellos era la necesidad de impulsar la “Reforma Agraria”,
los dos candidatos representantes de esta coalición en 1970 proponían planes de
reforma agraria similares, sino iguales; también compartían una feroz
descalificación de las políticas de libertad económica que impulsaron el desarrollo
de Chile durante el gobierno militar. La caída y notable fracaso de los
socialismos reales, habían introducido pequeños cambios en los políticos de
ideas socialistas que los acercaban algo a la Democracia Cristiana. El
Sr. Aylwin ha sido fiel representante de estas tenencias de signo socialista en nuestra política.
En este marco se desarrollo la política de la
Concertación relativa a los indígenas.
El colectivismo socialista se hermanó con el
comunitarismo democratacristiano para descalificar lo realizado por el gobierno
militar en el saneamiento de títulos de las reducciones. Reivindicaron lo de
las “comunidades indígenas” como un aspecto sustancial de las formas
ancestrales de vida de los naturales de estas y tierras, atacaron la propiedad
privada a la que habrían accedido los miembros de las reducciones, sin
detenerse a analizar algo tan simple como esto: ¿ha sido el sistema de
propiedad colectiva o comunitaria realmente propio de las formas de vida de los
indígenas? Pero, en la soberbia de las políticas copulares implementaron un
sistema que, generando comunidades espurias, ha producido el clima de
inseguridad que hoy se vive en la zona
de la Araucanía, de paso, no saben que los mapuches prefieren la propiedad
privada a la colectiva.
Dicen los indigenistas: “las tierras recuperadas bajo la Reforma Agraria
-que se convirtieron en asentamientos y cooperativas campesinas- fueron con la
dictadura entregadas a sus antiguos dueños y otras vendidas, en un proceso que
ha llegado a la situación actual de tenencia en manos de los principales grupos
económicos del país”. Por otra parte, los Títulos de Merced, y otros
reconocimientos a la propiedad mapuche hecha por el Estado Chileno, no
resolvieron la vaguedad legal actual de estas tierras y ha permitido que
particulares se apropien de ellas en litigios donde las comunidades siempre han
perdido” Muy importante es el hecho de reconocer no haber tenido acogida sus
reclamaciones ante los tribunales, realidad que los ha empujado a buscar como
desconocer la “cosa juzgada”,
institución jurídica de los fundamentos del Estado de Derecho
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