domingo, 3 de febrero de 2013

DECLARACIONES DE ALBERTO ESPINA



DECLARACIONES DE ALBERTO ESPINA

El senador Alberto Espina ha dicho, en entrevista al diario Austral de Temuco, que “…el daño histórico causado al entregar hace  años las mismas tierras a comunidades mapuches a través de títulos de merced y a colonos emigrantes a través de títulos de dominio a quienes vinieron…Esto ha generado el violento conflicto al superponer los títulos y por eso el Estado está obligado a pedir perdón.”

COMENTARIO

- Los títulos de merced tienen su origen  jurídico en la ley de 4 de diciembre de 1866.
- Esta ley creó la Comisión Radicadota, la que instituyó las Reducciones Indígenas, a estas Redicciones se les asignan tierras cuya posesión se radicó en varios copropietarios en común. En su Art. 5ª expresa: “Cuando los indíjenas que ocupan un terreno posean como individuos de una reduccion dependiente de un cacique se les tendrá a todos como comuneros, i se deslindará el terreno como propiedad común a todos ellos.” (Ortografía original)
- Es decir, son comuneros, tal como lo son los herederos mientras dura la indivisión de la herencia. No son “Comunidades Indígenas” de orden socio político, como se desprende de lo afirmado por el senador.
- Las “Comunidades Indígenas”, como entidades jurídicas, son creadas por la ley 19.253. (Octubre de 1993)
- La propiedad de las mercedes se inscribieron debidamente en los respectivos registros.
[Los Conservadores de Bienes Raíces fueron creados en 1857 (24 de junio), no es posible superponer una inscripción a otra.]
- El ministerio de agricultura, al dictar, y luego aplicar, el decreto 2.568 (mayo de 1979) y poder liquidar las propiedades   poseídas en común, estudió minuciosamente los títulos de cada una de esas mercedes; al otorgar títulos individuales  de dominio a los antiguos propietarios en común, debió inscribir los títulos. No fueron objetadas estas inscripciones en al plazo  que la ley prescribe.
- Atribuir la violencia en La Araucanía a una doble inscripción de títulos de dominio es inimaginablemente erróneo y, además,  peligroso, por cuanto se esconden las verdaderas causas de la violencia, que no es otra que la Gran Mentira de los indigenistas, plasmada en  la ley 19.253, en la acción de CONADI, en la ley de Borde Costero, en la aprobación del  Convenio OIT 169 ,( cuerpos legales aprobadas con el voto del senador Espina), y en el reglamento124, verdaderos causantes de la violencia en la zona.
Lo del “pedir perdón” `por una deuda histórica” no es más que una conclusión insustancial, sin fundamento alguno:

<<Mucho se habla de una deuda histórica con el pueblo araucano, pretendiendo crear una fuerza moral para aceptar las demandas de quienes se dicen herederos de aquella etnia.
La verdad histórica objetiva, no sujeta a posiciones políticas, ni al eco de los medios de comunicación y, lo que es más grave, a las actitudes del gobierno y la clase política, descansa en errores generalizados.>>  
Sergio Villalobos, historiador.


CONCLUSIÓN

Todos los títulos de dominio en La Araucanía están saneados. No hay superposición de títulos, afirmar lo contrario es atentar en contra del Estado de Derecho, destruyendo  la certeza jurídica, fundamento indispensable para la paz social.

Las afirmaciones que hace el senador son un invento de los activistas indigenistas que han trabajado durante años para lograr lo que hoy plantea el señor Espina, cuya influencia ha llegado a la cabecera misma de las  más altas esferas del gobierno.
                                                                              
                                                                           Julio Bazán A.
                                                                                 1 de febrero de 2013

 Nota: ver en el Archivo de Angol el levantamiento cartográfico de la provincia de Malleco de 1906 y, en el Archivo de Temuco, el levantamiento cartográfico, llamado mapa Boloña, de las provincias de Malleco y Cautín de 1913, documentos oficiales del Estado de Chile, todas las hijuelas, que cubren el total de las tiertras, se muestran asignadas a sus respectivos propietarios

2 comentarios:

  1. En respuesta a las críticas de Julio Bazán hacia el Senador Espina, expresadas a través de su blog, me permito señalar lo siguiente:

    En primer lugar, quisiera señalarle al Sr. Bazán, que el Estado de Chile debe reconocer los graves errores cometidos, de los que se sigue un enorme perjuicio, para con la región de la Araucanía. No es un misterio para nadie que el Estado chileno, a través de los procesos de reducción y radicación, ha confinado al pueblo Mapuche a vivir en un terreno de 500.000 hectáreas aproximadamente, en circunstancias que antes lo hacían en un terreno de 5 millones de hectáreas. Por lo mismo, yo invito a todos los chilenos a replantearse si realmente creemos que los alegatos del pueblo Mapuche no tienen fundamento alguno. Adicionalmente, el mensaje de la ley 19.253 (Firmado por el ex Presidente Patricio Aylwin), reconoce expresamente la existencia de este conflicto cuyo núcleo es la propiedad de las tierras. En mi opinión, en este tema todo el país está en la misma línea y desconocer la existencia de estos problemas no sólo habla de un desconocimiento de la historia de Chile, sino también de una opinión polarizada y poco objetiva, que lo único que genera es alentar a la violencia. Debo ser enfático en señalar además, que éste no debe ser visto como un problema entre indígenas y no indígenas, sino que debe verse como un problema de toda la región, independiente del origen étnico que se tenga.

    Quisiera también ahondar en el problema de la “sobreposición de títulos”, que el Senador apuntó como una de las razones por las que el Estado chileno está obligado a pedir perdón. Debo reiterar, que la sobreposición fue real, es más, se puede corroborar en algunos casos que los mismos terrenos sobre los cuales tienen títulos legítimos personas como son por ejemplo algunos agricultores, son los mismos terrenos sobre los cuales el Estado otorgó títulos (legítimos también) al pueblo Mapuche. Esta realidad pudo ser constatada por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas que fue creada durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, la cual consigna en su informe, que las comunidades Mapuche perdieron tierras comunitarias producto de la superposición de deslindes entre el título de Merced y los predios colindantes. Adicionalmente, debo señalar, para que se pueda entender el carácter transversal de la Comisión, que ésta estuvo conformada por expertos de los más diversos sectores, como son por ejemplo el actual Ministro de Hacienda Felipe Larraín, el historiador José Bengoa, Aucán Huilcaman y Carlos Peña, entre otros.
    Asimismo, debo agregar que el Senador en ningún momento hizo referencia a una doble inscripción en los registros del Conservador de Bienes Raíces y que es obvio que la certeza jurídica es necesaria para vivir en paz. Sin embargo, debo someter a consideración de todos los chilenos que la certeza jurídica a la que alude al autor es un concepto que sólo se puede aplicar en toda su magnitud a personas con conocimientos en la materia. En cambio, para el pueblo Mapuche, sobre todo en el inicio de sus relaciones con la República de Chile, era difícil aplicarles estos conceptos y por consiguiente se encontraban ante una mayor exposición a ser vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, es forzoso tener en consideración esta diferencia a la hora de sostener tajantemente que no existe un problema de tierras en la Araucanía y que la prescripción ha saneado todos los títulos.

    Respecto al tema de la violencia, quisiera señalar que ésta es ejercida en la región por una minoría muy ideologizada que proclaman “la Nación Pueblo Mapuche”, pretendiendo su separación del Estado de Chile, realizando acciones violentas de “reivindicación territorial y productiva”. Esto último no representa las aspiraciones de la inmensa mayoría de los Mapuche, que reclaman pacíficamente las tierras que el propio Estado de Chile les ha entregado.

    (Continúa)

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  2. (Sigue)

    Por otro lado, quisiera hacerme cargo de las críticas que hace el autor tanto a la Ley Indígena, como al Convenio 169 de la OIT, quien los hace ver como textos legales que han creado violencia en nuestro país. Estos cuerpos normativos, son muy importantes para nuestros pueblos originarios y, sin perjuicio que se pueden mejorar, han traído aportes muy relevantes, como son la consulta y participación indígena o el fondo de desarrollo indígena. Adicionalmente, en el Congreso la aprobación de estos textos tuvo una amplia aceptación y más aún, este tipo de legislación en el mundo está ampliamente aceptada. Creo que opinar lo contrario, es mirar para otro lado y desconocer la realidad de la región, acaso la más multicultural del país.

    En adición a lo que ya he señalado, y para responder a una persona que trató al Senador como persona extraña a la región a raíz de esta columna, nombraré someramente algunos aportes hechos por el Senador a la región, sin perjuicio de que sólo podrá ser evaluado completamente al final de su período. Debo señalar, entre otras cosas, que en materia de seguridad es uno de los autores de la Reforma Constitucional aprobada, que por primera vez en nuestro país establece, en el Artículo 19 numeral 3° de la Constitución la obligación del Estado de asesorar y otorgar defensa jurídica gratuita a las personas que son víctimas de delitos graves para que puedan hacer valer ante los Tribunales sus derechos vulnerados. También, y en conjunto con los parlamentarios de la Alianza, se aprobó la denominada “Agenda Corta de Seguridad Ciudadana” que otorga a los Fiscales, a las Policías y a los Jueces, las facultades que se requieren para investigar, detener, juzgar y condenar a los autores de actos criminales. Asimismo, respecto a la Agenda Social, ha trabajado en conjunto con el Gobierno el cual ha logrado avances muy superiores a los realizados en las últimas décadas. Entre ellos, se ha beneficiado a más de 10.000 personas con abastos de agua; se han construido o mejorado 1.268 kilómetros de caminos rurales indígenas; se ha apoyado a más de 2.000 emprendedores indígenas; se ha incorporado a 18.500 familias al Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI); se han constituido más de 60 alianzas productivas que comprenden más de 6.000 hectáreas; se ha dispuesto una política de entrega de tierras a quienes tienen sus títulos de dominio o de merced con un amplio apoyo productivo; se han entregado más de 58.000 becas indígenas y se creó el Liceo Multicultural de Excelencia en Purén, además de los creados en Temuco, Loncoche, Angol y Villarrica; a lo que se debe agregar todas las demás políticas públicas que van en beneficio de los ciudadanos más allá de su origen étnico, como es el hecho de que el presupuesto regional prácticamente se ha duplicado, se han creado 46.000 empleos, se han formado 17.200 emprendimientos y la pobreza extrema se redujo en un 41% respecto del año 2009.

    Finalmente, creo que no se puede pretender resolver el conflicto y reconstruir la paz estando en contra de todo y a favor de nada. Negarse al reconocimiento constitucional, a reconocer la deuda histórica, al Convenio 169 de la OIT, a la ley indígena y a la política de entrega de tierras, por citar algunos ejemplos y, solamente estar a favor de más policías, eventualmente militares y más inteligencia, no será la forma como el problema se resolverá, así como tampoco lo es el uso de la violencia y actos delictuales en contra de nuestros compatriotas.

    Atentamente,

    Benjamín Pilasi Marinovich
    Asesor Parlamentario
    Senador Alberto Espina

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